El nuevo decreto de deyecciones ganaderas (Decret de Dejeccions Ramaderes) de la Generalitat sigue sin evitar la expansión de nuevas granjas de cerdos y ampliaciones de las ya existentes.

Cataluña aporta el 42 % de la producción porcina estatal. España es el principal productor porcino europeo y el tercero a nivel mundial. La densidad de cerdos por habitante en Cataluña es la más alta del mundo (3 por habitante). La mayoría de empresas destinadas a la producción de carne porcina forman ya parte de grandes corporaciones y priman la cantidad a la calidad. Los purines, la mezcla de excrementos de los cerdos con agua usada a nivel industrial para limpiar las granjas de manera rápida, son claramente excedentarios y con un alto contenido en nitrógeno. A pesar de algunas medidas tomadas, el último informe de la Agència Catalana de l’Aigua evidencia que el 41 % de las aguas subterráneas de Cataluña están contaminadas. Desde 1998, el número de municipios afectados por aguas freáticas contaminadas se ha triplicado y representa ya casi la mitad del territorio. Frente a estos datos, hay, por una parte, intereses de la industria; por otra, denuncias de diversas entidades, sobre todo ecologistas, y en medio, una Administración que ha puesto sobre la mesa un nuevo decreto que conlleva algunas contradicciones.

Breve explicación química

Los excedentes de la industria ganadera generan un residuo orgánico. En el caso de la industria porcina, esos excrementos y orines se mezclan con agua para favorecer su limpieza rápida y forman los purines, que se depositan en contenedores. Esos purines se mandan a plantas de tratamiento, donde separan el líquido del sólido, se tratan en la propia explotación (aunque eso resulta una importante inversión económica) o se aplican como fertilizante en campos propios o ajenos. La particularidad del purín respecto a otros abonos más sólidos es su estado semilíquido, que hace que pueda penetrar muy fácilmente desde el suelo hasta los cursos de agua subterráneos. 

Los excrementos de cerdo son casi iguales en propiedades que los de otros animales, con un nivel un poco más alto de amonio. Ese amonio, con el nitrógeno que contiene cualquier resto animal, se transforma en nitritos y nitratos por oxigenación. Esos nitratos los absorben en diferentes proporciones los vegetales o árboles y, por lo tanto, sirven en un nivel determinado para contribuir a una mayor producción de los campos. Pero si hay excedente, esas sustancias quedan acumuladas y, poco a poco o de golpe, cuando el agua de lluvia les ayuda, se filtran a las aguas subterráneas. Cuando hay una proporción mayor a los 50 mg/litro de nitratos, se considera que esa agua no es apta para el consumo humano porque puede provocar alteraciones diversas en el organismo, ya que puede, por ejemplo, tener efectos cancerígenos. Existen plantas de tratamiento de nitratos, pero estas son caras y no suficientes para todo el territorio. La única otra manera de evitar la contaminación es la prevención y, según fuentes químicas de BASF consultadas, solo hay dos acciones viables: aumentar el tratamiento en plantas de purines o, sobre todo, disminuir la cabaña de cerdos.

El decreto de deyecciones ganaderas

En marzo de 2016, la Agència Catalana de l’Aigua, en su informe cuadrienal, concluye que el 50 % de las aguas subterráneas catalanas tienen niveles altos de nitratos; entre estas, el 83 %, sobrepasa los límites, es decir, están contaminadas. En diciembre del mismo año, el Síndic de Greuges, el organismo que se encarga de recoger diversas peticiones y denuncias de los ciudadanos, elabora otro informe que recomienda la moratoria a nuevas granjas de cerdos hasta que la nueva normativa ya en trámite no haya puesto a disposición fuertes medidas de control que avalen la viabilidad de nuevos proyectos. Este pasado 21 de noviembre de 2017, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació de la Generalitat finaliza el período de alegaciones al nuevo Decret de Dejeccions Ramaderes. Se abre un tiempo para analizar esas alegaciones y de ahí se reformulará el texto definitivo que tendría que aprobarse y entrar en funcionamiento el próximo verano. El redactado, que sustituye al vigente desde 2009, propone en primer lugar diferenciar entre zonas vulnerables y zonas no vulnerables de contaminación. Propone como medidas para reducir la afectación de los purines, por ejemplo, la utilización de un pienso que produzca niveles más bajos de nitrógeno en las deyecciones, en el que ya hace tiempo que trabajan los fabricantes. Explicita también la necesidad de un control más efectivo de la gestión de los purines y remarca, entre otras cosas, la posibilidad de parar la licitación de nuevos proyectos de granja en zonas de alta concentración ganadera. Según fuentes consultadas del departamento (con la imposibilidad de hablar con la directora del proyecto, Teresa Masjuán, cesada por orden del Gobierno de España): «Las medidas previstas en el nuevo decreto constituyen un programa reforzado, mediante el cual se ha de revertir definitivamente la tendencia a la contaminación de las aguas por nitratos. Este programa requiere de un seguimiento y control adecuados, que también están previstos en la norma».

Algunas contradicciones

Fuentes de la Generalitat aseguran que «las medidas aplicadas hasta el momento, mediante el Decreto 136/2009, han logrado que la tendencia creciente por lo que se refiere al contenido de nitratos en las aguas subterráneas disminuya. Este hecho deja ver que la línea seguida hasta ahora es la correcta». De entrada, el ya citado informe del ACA de 2016 no dice eso, ni tampoco el estudio específico centrado en la comarca de Osona, realizado por el Grup de Defensa del Ter, de marzo de 2015, donde señala que el 50 % de las aguas subterráneas y fuentes de la comarca tienen un nivel alto de nitratos que la hacen no apta. Por otro lado, fuentes consultadas de la Agència Catalana de l’Aigua aseguran que «a corto plazo no es reversible la situación. La contaminación por nitratos de origen agrario es un problema de contaminación grave y el resultado de un impacto significativo y acumulado a lo largo de muchos años. Las aguas subterráneas, por su hidrodinámica, tienen un tiempo de respuesta muy lento, así que la recuperación de los acuíferos contaminados es de difícil solución a corto plazo y requiere de un gran esfuerzo de todos los sectores y administraciones implicadas… Existe la previsión de no lograr el buen estado químico, por lo que se refiere a la contaminación de nitratos de algunas masas de agua, hasta más allá del 2027». El ACA valora eso sí como puntos positivos de ese decreto la ampliación de las medidas de control sobre los campos a los que se aplican los purines y también la inclusión de un régimen sancionador en materia de gestión de las deyecciones hasta ahora inexistente.

Alegaciones de grupos diversos

En primer lugar, cabe recalcar que mientras el nuevo decreto insta a una moratoria para la creación o ampliación de nuevas granjas en zonas de alta concentración ganadera, existen numerosas licitaciones y proyectos en marcha a lo largo del territorio. Dos ejemplos: solo en la zona del Empordà hay más de treinta nuevos proyectos, entre ampliaciones y nuevas instalaciones industriales. En Torrefeta y Florejacs, municipio de La Segarra, Lleida, hay en marcha una planta de nueva creación que contendrá unos cinco mil cerdos. Así, también se siguen sucediendo actuaciones difíciles de explicar por parte de la Administración, como una multa simbólica, únicamente de mil quinientos euros, a un ganadero de Sant Martí Sescorts (Osona) por verter directamente todos sus purines al río. Ante este panorama, las alegaciones presentadas por la mayoría de grupos ecologistas se dirigen más a este punto y argumentan que no es posible sostener la cabaña de cerdos actual y que hay que reducir o al menos ser estrictos en no ampliar ni dar nuevas concesiones hasta que no haya las suficientes garantías. 

También creen que la catalogación de zonas vulnerables es incorrecta, porque esas zonas ya están demasiado afectadas y habría que pasar a identificarlas como zonas vulneradas y extender el radio de zonas vulnerables a toda Cataluña. Por otro lado, apuestan por mecanismos más efectivos y concretos de control y por evidenciar que ciertas medidas, como el pienso de composición especial, sólo sirven para justificar a algunos ganaderos una disminución de nitrógeno en las deyecciones mínimas, que sirve como coartada para pedir ampliaciones de sus negocios. Desde Salvem l’Empordà, su portavoz, Bárbara Smith, insiste en que «el problema de contaminación de la mitad de las aguas debería hacer parar en seco cualquier nuevo proyecto de granja y lamentablemente no es así». Ella aún confía en que las alegaciones presentadas van a ser escuchadas. No así lo cree Ginesta Mary, presidenta de la Junta del Grup de Defensa del Ter, a quien sus veintisiete años de experiencia de lucha ecologista la han vuelto escéptica en ese sentido. Cree que el sector está viviendo una burbuja que tarde o temprano tendrá que explotar, que el sector es a nivel ambiental insostenible y que depende demasiado también, en un 70%, de pienso que viene de otros países, mayoritáriamente de América.. «Hay que presionar a la Administración para que dé ayudas para la creación de nuevos modelos de producción ecológica. Ahora mismo, solo hay seis explotaciones ecológicas en Cataluña; en cambio, hay una conciencia ambiental creciente y hay mercado para ellas. Cuando estalle la burbuja, el sector debe estar preparado».

La parte industrial

Aunque hemos llamado e instado por escrito a algunas empresas, solo hemos obtenido respuesta de la Cooperativa de la Plana de Vic, que funciona desde 1966 y elabora piensos y productos cárnicos, mayoritariamente del sector porcino. Sílvia Martín, como directora de operaciones, ha insistido en que «hay que encontrar un equilibrio entre la importancia del sector y de la producción y una mejora en la gestión de las deyecciones». Por su parte, asegura que actualmente no hay proyectos de ampliación de la cabaña de cerdos dentro de las diferentes granjas que forman la cooperativa. Asimismo, y referente al decreto, ve positivo una nueva normativa para entre todos tener más en consideración el medio ambiente y solo lamenta que «nosotros teníamos pensado un plan centralizado de control de las deyecciones ganaderas. El nuevo decreto nos exige que este control sea granja por granja, así que tendremos que empeñar el doble de trabajo, el doble de personal y el doble de recursos».

Nuevas plantas de tratamiento de purines

En el año 2013, operaban en Cataluña seis plantas de tratamiento de purines. En 2014, el Gobierno español aprueba un real decreto por el cual quita las subvenciones a las energías renovables y a las plantas de cogeneración, motivo por el que se ven obligadas a cerrar todas las plantas de tratamiento de purines existentes en España, también las catalanas. El año pasado reabrió la planta de Miralcamp (Pla d’Urgell) y este pasado mes de octubre hizo lo propio VAG de Juneda (Garrigues). Estas dos plantas cumplían con la nueva normativa estatal que permite seguir dando primas a aquellas plantas que lleven menos de quince años de actividad. Las otras cuatro catalanas no cumplen este requisito y, por lo tanto, ha habido que buscar alternativas. Tracjusa, también en Juneda, está en trámite de aprobación. No puede funcionar como antes con gas natural, y su proyecto propone la quema de residuos para generar calor y poder secar el purín para convertirlo en un fertilizante más fácil de transportar y menos peligroso de aplicar. El grupo Gestió Agroramadera de Ponent, que agrupa ciento sesenta explotaciones ganaderas de la comarca de Les Garrigues, gestiona las dos plantas de Juneda. Mònica Jiménez, su portavoz, asegura que el proyecto «cumple la normativa actual y, en la mayoría de los casos, los niveles de emisiones se encuentran muy por debajo del máximo legislado». Tracjusa i VAG suponen el tratamiento del 25 % del purín generado por las ciento sesenta explotaciones del grupo. En este sentido, argumenta que «el funcionamiento de las plantas permite a los agricultores mejorar la gestión de los purines porque pueden tratar fácilmente una parte del excedente y porque generan recursos para gestionar el resto. En zonas con una elevada concentración de purines, la existencia de estructuras de acción conjuntas con criterios técnicos de gestión son básicos para garantizar la correcta distribución de estos».

A este punto se opone la entidad ecologista IPCENA, que cree que el proyecto es inviable absolutamente a nivel de contaminación. Su portavoz, Joan Vázquez, asegura que «la quema de residuos urbanos para la cogeneración es un proyecto experimental que se aplica por primera vez y que puede tener consecuencias nefastas para el medio ambiente por la emisión de contaminantes muy tóxicos como es el caso de las dioxinas y los furanos». Dice también que el visto bueno ambiental ha consentido un proyecto en el que hará falta quemar muchos residuos para generar gas. Advierte asimismo que en el último año ha aumentado la cabaña de cerdos en un 3 % y que la demarcación de Lleida supone un 57 % de la producción total catalana y depende de cerdos de calidad baja. Argumenta que, el pasado 5 de julio, el Parlament de Cataluña aprobó una resolución para no promover el tratamiento de purines con residuos. Asegura también que se han hecho un millar de alegaciones contra el proyecto de Tracjusa y que «en vez de tramitar estos proyectos dañinos para el medio ambiente, habría que mirar modelos ya aplicados en cooperativas como la de La Fageda (Garrotxa), donde funcionan con un sistema ecológico de impacto cero al medio ambiente». La nueva planta de Tracjusa basaría su sustento en la compra de residuos del área metropolitana de Barcelona, que pagaría treinta y cinco euros por tonelada.

Como modelo alternativo al tratamiento de purines, IPCENA ha propuesto la extensión del modelo de las «camas de paja», que se basa en cubrir el suelo con paja para que seque las deyecciones de los cerdos y de esta manera poder recogerlas y gestionarlas posteriormente en forma sólida, lo que perjudica mucho menos.

La lucha de Stop Macrogranjas en Cuenca

Para hacer la comparativa con otro punto del Estado, solo en la provincia de Cuenca hay ahora en trámite proyectos de apertura de doscientas nuevas instalaciones, entre granjas y fábricas de piensos. Hasta ahora, el grupo cárnico mayoritario de la provincia era Cárnicas Frivall, un grupo originario de Valls (Tarragona). Ahora, Incarlopsa cuenta con más ayudas para erigirse en la número uno del territorio. Lleva cuarenta años de trabajo y tiene participación en ICPOR, una integradora de Soria muy potente con un modelo industrial y de asfixia laboral al pequeño ganadero, que tiene que producir lo que le exigen y hacerse cargo de todas las deyecciones que genere su granja sin ningún tipo de ayuda. Aparte de las condiciones de trabajo y de los propios animales, las aguas cada vez contienen más nitratos, el aire en algunas zonas es irrespirable y el turismo se ha alejado de algunos pueblos. A todo esto, la Junta de Castilla-La Mancha solo pone restricciones en lo que se refiere a la distancia entre granjas y al vertido de purín, que no puede pasar de los setenta kilos de nitrato por año. No hay ningún control de aguas ni ninguna moratoria de granjas. Solo subvenciones millonarias enmascaradas en los beneficios económicos para pueblos pequeños y las exportaciones masivas de productos nacionales como el jamón ibérico, las salchichas u otros embutidos. El Gobierno, además, ha defendido la integración de la industria porcina como el modelo a seguir para continuar aumentando beneficios. Hemos intentado contactar con Incarlopsa o Cárnicas Frivall, pero nos ha sido imposible. Sí pudimos hablar con Carlos Villalta, jefe territorial de Cuenca de Ecologistas en Acción y miembro de la plataforma Stop Macrogranjas. Él asegura que «hasta ahora se consiguieron movilizaciones importantes en pueblos pequeños. Pero hará falta mucha lucha para frenar el silencio de la Administración y su incentivo económico a grandes empresarios. En medio hay intereses de mucha gente influyente».

La plataforma se creó el pasado mes de junio. Desde entonces, ofrece conferencias y charlas en diferentes pueblos de la provincia insistiendo sobre todo en tres aspectos: la destrucción de los entornos naturales, los malos olores y la contaminación de las aguas.

Ong ADDA -Diciembre 2017