Montserrat Ubach es una persona comprometida con la defensa y bienestar de los animales. Periodista en activo, colaboradora con TVE en el centro de producción de Sant Cugat (Barcelona), tiene productora propia de videos, Darwin, y sus artículos sobre animales han aparecido en casi todos los medios escritos de este sector. Es asesora de la Federación de Entidades pro Defensa de los Animales y la Naturaleza, FEDAN, y figura como experta en el Consejo Municipal de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales del Ayuntamiento de Barcelona. Ha colaborado repetidas veces en ADDA Defiende los Animales y sus escritos y reportajes demuestran el tesón y espíritu de crítica en busca de una continuada mejora de la situación de los animales. Radical defensora del no matar en los albergues y perreras, lleva publicados varios informes en esta revista que han influido positivamente en una nueva concienciación.

Ubach, en este artículo, narrado como experiencia personal vivida y sentida, explica su presencia en la Comisión de Experimentación Animal, CEA, la única plaza – entre nueve – de que dispone la representación animalista. La CEA tiene un reglamento hacho a la medida de los pro-experimentadores, maquillado con absurdas advertencias de secretismo en los expedientes, de los cuales, para colmo, no se sabe ni quién los presenta ni a quién se les autoriza, con lo que se permite la continuidad de experimentos repetitivos elaborados por el mismo experimentador. Esto se contradice con el espíritu de la ley catalana – la única autonómica existente, por el momento, en España – que, precisamente, intenta implementar el desarrollo de métodos alternativos.

La CEA se muestra, hasta el momento, falta de trayectoria, dirección, medio y presupuesto. Navega y zozobra la causa animalista en un mar de intereses del cuerpo científico, más anclado y complaciente con el pasado que imbuido en mejorar la actual situación y situarse en un lugar en el que pudiera ser visto y consultado como avanzado y ejemplar. En conclusión: una ocasión perdida.

TODO CONTROLADO POR LA ADMINISTRACIÓN

En abril de 2002 fui propuesta como representante de los defensores de los animales en la CEA, la “Comisión de Experimentación con Animales” de la Generalitat, que es quien debe estudiar y autorizar o denegar este tipo de investigaciones en Catalunya.
Según el Decreto 214/1997, del 30/07/97, que regula la ley 7/06/95, la Comisión está formada por representantes de centros usuarios, universidades que investigan con animales, asociaciones profesionales especialistas en ciencias de los animales de laboratorios, varios departamentos de la Generalitat que tienen algún tipo de competencia en este campo (Agricultura, Ganadería y Pesca; Sanidad y Seguridad Social; Medio Ambiente) y un miembro (un solo voto) de las “entidades de protección de los animales legalmente constituidas”.

Solo con esta composición de la CEA, abrumadoramente desequilibrada a favor de los experimentadores y de aquellos que tienen intereses en estos campos, obvia decir que el peso del representante de los animalistas es un cero a la izquierda. Muy buena jugada por parte del Gobierno de la Generalitat, concretamente del DARP (Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca), que fue quien elaboró el reglamento y consiguió, con su habilidad y experiencia, anular el espíritu de la ley en este punto, sin contravenirla.

Y un buen golpe para los defensores de los animales, muy especialmente para las entidades de la FEDAN (Federación de Entidades Pro Derechos de los Animales y la Naturaleza), que agrupa entidades animalistas y ecologistas de Cataluña, que en su día trabajaron hasta el último minuto en el Parlament para que la ley de 1995 incluyese “garantizará” la representación animalista en la CEA, en vez que la palabra “procurará), que era la que se pretendía que apareciese. ADDA fue quien llevó el peso de la lucha.

MAL PRINCIPIO

Pero aquí no acabaron las maniobra del DARP y, en un intento por controlar y neutralizar lo que podría convertirse en una molesta presencia en la Comisión, este Departamento se permitió, formalmente y por escrito, proponer al representante de las entidades proteccionistas, lo que motivó un contencioso-administrativo promovido por ADDA, con ¡5 años! De trámites para obtener una sentencia que desestimaba sus razonamientos. A este mal principio de la andadura de la CEA siguieron una serie de infortunios relativos a la presencia animalista en la Comisión que motivaron que las entidades de la FEDAN no se sintieran representadas en ella.

A principio de 2002, FEDAN decidió buscar una persona que, aparte de su experiencia en el movimiento antiviviseccionista, hiciera valer sus derechos en la Comisión, actuara firmemente en nombre del colectivo que representaba, defendiera la posición animalista e informara de su presencia en la CEA. Me lo propusieron y acepté, a sabiendas de que dicho perfil, aparentemente tan obvio para un cargo como éste, iba a resultar excepcional y nada grato para el resto de miembros de la Comisión.

Y así fue: la primera reunión de la CEA se abrió con un discurso dirigido a mí por parte de la representante de la Dirección General de Producción Agraria e Innovación Rural del DARP de la Generalitat, que era quien dirigía la reunión y actuaba de secretaria. Se me advertía de que mi presencia en la Comisión era a título personal y de que bajo ningún concepto podía informar a nadie de lo que allí se decía. Y, en todo caso, que me atendiera a las consecuencias por contravenir las leyes de preservación de datos. Estas palabras, apoyadas por todos los demás asistentes, fueron una clara amenaza, la misma que – según puntualizaron – se habían precedido. La diferencia es que yo no iba a aceptar estas condiciones y que, por mucho que la CEA presionara en contra, tenía muy clara cual era mi posición en la Comisión y mis obligaciones ante las entidades defensoras de los animales; aunque también tenía muy presente que la ley de 1995 habla de datos confidenciales, sin especificar cuáles, y que en esto, precisamente, es en lo que escuda la Generalitat para decir que todo, absolutamente todo, es confidencial, la administración se posiciona claramente al lado de los intereses de laboratorios y centros experimentadores.

LA CENSURA DEL "TIPP-EX"

Todo es tan confidencial que ni los propios miembros de la CEA, a excepción del presidente y del secretario – cargos ocupados por funcionarios de la Generalitat –, conocemos el nombre del centro experimentador, ni el de los investigadores que solicitan un determinado procedimiento, ni el de las personas que van a intervenir. Cuando nos llega la solicitud con los expedientes, alguien ya se ha encargado de borrar estos datos con “Tipp-Ex”. Y, al no figurar, no podemos, ni siquiera como mínimo, saber si el centro en cuestión repite un mismo experimento. Y este, precisamente, es uno de los objetivos conculcados de la ley: evitar duplicidades.

Los otros dos objetivos son: intentar que no padezcan los animales y reducir al mínimo su número. Añade la ley, en su preámbulo, que se inspira en el principio de prohibición de este tipo de prácticas siempre que haya métodos alternativos de fiabilidad reconocida. Así pues, ¿qué hace la CEA para velar por estos objetivos, dado que la ley le ha creado como máximo órgano encargado de vigilar su cumplimiento?

RUTINA Y BUROCRACIA

Lo que puedo decir es lo que se ha hecho mientras yo he sido miembro de la Comisión: una reunión – que suele ser mensual - para leer los expedientes de autorización o revalidación de experimentos y aprobarlos. Los protocolos se presentan en unos formularios, más o menos estandarizados, donde figuran los diferentes apartados que ha de rellenar el investigador. Algunos vienen ya con una serie de casillas para marcar con una cruz o indicar un dato concreto. El apartado al que los miembros de la CEA más prestan atención es aquel en el que se pregunta qué métodos físicos o químicos de eutanasia se aplican a los animales. Esto se debe a que existe una tabla se referencia sobre los sistemas más apropiados para cada especie, por lo que es fácil determinar si se ajusta o no a la norma.

En los otros apartados, como los ejemplos que a continuación indico, los miembros de la Comisión poco pueden decir:

• En el que se pregunta si está previsto anestesiar al animal en alguna fase del procedimiento, el investigador tiene tres opciones: “No, en ningún momento, porque no se requiere”; “Si, y en este caso tiene que especificar la fase, el producto, la dosis y una serie de datos más” y “No, porque es incompatible con el procedimiento”, que viene a ser lo mismo que decir: el animal va a sufrir, pero está justificado para el éxito del experimento.
• Otro capitulo: “Consideraciones sobre métodos alternativos”; el experimentador siempre responde: “No existen, de momento, métodos alternativos”. Lógico, puesto que de otra forma no estaría solicitando autorización para experimentar con animales.
• En el de “Justificación del número de animales para el procedimiento”, tiene dos opciones: o poner una cruz en la casilla “Es el número aconsejable en las líneas directivas” o en la que dice “Es el número mínimo necesario”. Este último caso debe ser argumentado.
• Con respecto a otros capítulos, lo que a veces la CEA pide al solicitante es alguna información complementaria, o le hace alguna observación, con lo que simplemente le obliga a rellenar más papeles. Esto, al menos, le recuerda que no puede presentar un protocolo de cualquier manera y que alguien se lo lee. Una simple traba burocrática que, sin embargo, para algunos de los experimentadores con los que he hablado, es un “control” intolerable por parte de la Generalitat.

Pero la comisión ya no pone más inconvenientes porque acaba por informar favorablemente de todas las solicitudes de autorización y revalidación. Al menos es lo que ha hecho durante mi permanencia en la Comisión; por supuesto, con mi voto expreso en contra. Si antes ha habido algún procedimiento que no ha aprobado, lo ignoro, puesto que es una de las muchas informaciones que se me han negado. Lo cierto es que la CEA autoriza los experimentos con los animales sin comprobar nada: ni si son necesarios, ni si son repetitivos, ni si hay alternativas y ni, tan siquiera, si en la práctica se realizan como se detalla en los expedientes que ha aprobado.

Y si no lo hace es por dos razones. En primer lugar porque el DARP siempre ha demostrado un desinterés absoluto por los derechos de los animales; y ahora que esta materia ha sido transferida al Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, éste sigue en la misma línea. Y la mejor forma que tiene el gobierno de demostrar que una ley no interesa, es no dotarla de presupuesto. Recientemente, los propios miembros de la CEA no pertenecientes a la administración, y a excepción del representante animalista por una cuestión práctica, dirigieron un comunicado al Conseller Artur Mas pidiendo medios para que la Comisión pudiera cumplir sus funciones. Lógicamente, si no hay presupuesto para desplazarse a los laboratorios y centros investigadores o docentes para controlar que todo se hace correctamente, menos aún lo hay para desarrollar actividades dirigidas a asesorar e informar sobre técnicas que eviten procedimientos repetitivos o reiterativos. Tampoco hay medios para crear y mantener una base de datos informatizada en la que los usuarios puedan consultar y estar al día de las técnicas alternativas validadas o en proceso de validación.

La segunda razón por la que la CEA no comprueba nada es porque “confía” en los propios investigadores y en los “comités éticos”. Estos comités éticos de experimentación son otra figura que también contempla la ley catalana del año 1996 para asegurar que los centros que utilizan animales cuidan de su bienestar. Pero, ¿quiénes forman estos Comités?: ¡los forman los propios trabajadores de la empresa!, algunos de los cuales pueden estar implicados directamente en la investigación.

EXPERIMENTOS SIN CONTROL

Además, no todos los centros tienen la obligación de tener su Comité Ético. Según el reglamento elaborado por el DARP, éste “podrá eximir de la creación de los comités éticos de experimentación animal en atención a la organización, capacidad y estructura de los centros que lo soliciten”. También contempla que haya experimentos con animales que no requieran ningún tipo de autorización por parte de la CEA.

Pero cuando los protocolos llegan a manos de la Comisión, ésta reconoce que quien más sabe del experimento es el propio experimentador, con lo cual difícilmente va a discutirle o a contradecirle en afirmaciones o cuestiones de fondo, y mucho menos va a prohibírselo. Es decir, confía plenamente en el investigador y en el Comité Ético, si es que lo hay. Personas, por otro lado, que ni los propios miembros de la Comisión sabemos quiénes son, dónde trabajan que experiencia tienen, puesto que estos datos, como ya he dicho, han pasado por la censura del “Tipp-Ex”. En cuanto a los miembros de la CEA que no poseen cargos en la administración, son reconocidos profesionales que desempeñan su labor con buena voluntad y eficacia dentro lo que permite la situación. Pero lógicamente, al estar todo relacionados con el mundo de la investigación, es lícito suponer que siempre antepondrán sus intereses al de los animales.

¡LA CEA, A FAVOR DE LA GRANJA DE CAMARLES!

Y cito un ejemplo: el representante de Medio Ambiente informó a la Comisión sobre la situación del caso “Camarles”. Se trata de una empresa extranjera que está construyendo unas instalaciones para albergar un centro de cría de primates destinados a la experimentación para ser suministrados a diversos países. Nadie lo quiere: ni el pueblo, ni el alcalde, ni la opinión pública. Hay campañas y adhesiones en contra de todo el mundo. La propia Generalitat ha expresado su oposición a través de altos cargos de la administración y de miembros de su grupo parlamentario. A continuación, se apuntó la posibilidad de que se pidiera formalmente la opinión de la CEA como máximo organismo en temas de experimentaciones animal en Cataluña. Pues bien, los que expresaron su opinión en voz alta ¡estaban de acuerdo en la instalación de la granja! Nadie me apoyó en mis argumentos en contra. Los motivos, a mi juicio, eran evidentes: dar la máximas facilidades a la experimentación con primates, aunque con el consabido argumento de que “mejor en Cataluña porque aquí se podrá controlar”. ¿Y quién va a controlar – me pregunto – a la CEA? La respuesta es obvia.

¿QUIÉN RESPETA A LOS ANIMALISTAS?

En estos meses, y como consecuencia de la posición radical que mantuve respecto a que mi presencia en la Comisión era en representación de las entidades animalistas y no a título personal, se consiguió un informe de la Asesoría Jurídica del DARP en el que así lo reconocía. Todo un éxito, si tenemos en cuenta que el año anterior estos mismos servicios jurídicos habían dicho todo lo contrario, según consta en acta. Por lo que respecta a la confidencialidad de datos, pregunta que se contestaba en la reunión fuimos capaces de interpretarlo. Aún así, en él se hablaba de confidencialidad en lo referente a datos de carácter personal. Y los estadísticos, por supuesto, no lo son.

IRREGULARIDADES Y  FALTA DE ESTADÍSTICAS

Pues, a pesar de esto y de pedirlos repetidamente como miembro de la CEA, no he conseguido los datos estadísticos referentes a los animales utilizados para experimentaciones en Catalunya desde que existe la Comisión. De nada han servido ni mi insistencia en las reuniones ni las cinco solicitudes presentadas por registro de entrada a la Generalitat desde septiembre de 2002. Tampoco ha servido que el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que recurrí solicitando esta información, indicara que es el gobierno autonómico quien la ha de facilitar.

Por no informar, tampoco se me han proporcionado las actas de las reuniones de todos estos meses, por lo que desconozco si en ellas constan las aportaciones, quejas y puntualizaciones que he expresado durante todo este tiempo en nombre del colectivo al que represento y que ADDA, según he constatado, ha presentado reiteradamente. Sistemáticamente se ha incumplido la formalidad de comenzar una reunión dándose lectura y aprobación al acta anterior. Esta irregularidad en las actas, la ocultación de datos y la falta de transparencia por parte de la Generalitat y de la presencia de la CEA hacia los miembros de la misma, han motivado la presentación de una queja ante el “Síndic de Grueges” por parte de la FEDAN, que ha sido aceptada. Ante esta noticia, difundida por los medios de comunicación, el grupo parlamentario del PP ha presentado una serie de preguntas relativas a las medidas de inspección, control y vigilancia que tiene el Departamento de Medio Ambiente para detectar prácticas contrarias a la ley 7-06-1995 y a por qué no ha proporcionado la información requerida por el representante animalista de la CEA.

También se ha presentado una Proposición no de Ley, instalando al Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Generalitat “a dar publicidad, de forma inmediata, de los contenidos de los informes elaborados por la Comisión de Experimentación Animal (CEA) requeridos por las entidades de protección de los Animales legalmente constituidas en Catalunya” Pues bien, a 20 de mayo de 2003, día que doy por cerrada esta relación de hechos, aún no se me ha proporcionado ninguna de las actas ni los datos solicitados. Tampoco tengo noticia de que el Ejecutivo haya dado respuesta al Parlament catalán. Lo único que he recibido por e-mail, por parte del nuevo presidente de la CEA, es la propuesta del acta de la reunión del 16 de octubre de 2002, invitando a hacer alguna aportación. Al menos en ella figura mi posición contraria a la aprobación de los experimentos, con el texto que presenté por escrito para que se incluyera en cada acta y que dice textualmente:

“La persona que representa las entidades de protección y defensa de los animales, Sra. Montserrat Ubach, informa desfavorablemente de todos los procedimientos, tanto de revalidación como los de autorización expresa, y pide que conste en acta los motivos de su oposición:

1. Porque el colectivo que representa está en contra la experimentación con animales

2. Porque constata que la CEA no puede garantizar que los procedimientos que aprueba no sean repetitivos ni que no haya métodos alternativos.

3. Porque constata que la CEA tampoco puede garantizar que estos procedimientos se realicen siguiendo las pautas que constan en los protocolos que aprueba”.

EN CONCLUSIÓN

El hermetismo y la opacidad siguen siendo las características del mundo de la investigación con animales. También lo son en Catalunya, la Comunidad donde más se experimenta con todo tipo de fauna de laboratorio, incluidos perros y primates. Y ni siquiera la ley que tenemos – pionera en todo el Estado –, y que dice protegerlos, ha sido capaz de garantizar que su bienestar no dependa, única y exclusivamente, de aquellos que los van a utilizar para prácticas, estudios y los más variados experimentos.