La sociedad española está consternada ante el hecho de que, cada año, grandes extensiones de bosques de Castilla-La Mancha presentan el triste espectáculo de galgos muertos por ahorcamiento después de finalizado el período de caza. Perros que, criados con deficiente alimentación y carentes de todo cuidado, después de haber servido fielmente a sus amos y haber sido utilizados como meras herramientas, son condenados a muerte atándolos a árboles con cuerdas premeditadamente cortas, para que, al caer rendidos por agotamiento, hambre y sed, mueran ahorcados, tras indecibles sufrimientos.

Ante estos hechos que repugnan a la conciencia humana, e, incomprensiblemente, que no son reprimidos por la autoridad, asociaciones de la Federación Española para el Bienestar Animal —FEBA como son la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid, Galgos Sin Fronteras de Madrid y la Asociación Defensa Derechos Animal, Ong ADDA, de Barcelona, ya en 2009 hicieron entrega al Director General de producción agropecuaria (órgano competente en esta materia), de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en Toledo, una petición formal, avalada por 22.580 firmas, en que solicitaban la urgente toma de medidas para acabar con el maltrato y con el hecho de que estos pobres galgos reciban, como pago de su fidelidad, tan cruel, ignominiosa y dolorosa muerte.

Dicha Dirección General se mostró entonces receptiva a esta petición y se iniciaron gestiones para acabar con estos episodios, y para dar nueva redacción a la obsoleta Ley de Protección de los Animales de Castilla-La Mancha. Durante este estudio y fase de alegaciones, tuvieron lugar dos nuevas reuniones con la citada consejería, llegándose a un preacuerdo para la puesta al día de una normativa más ajustada a lo que demanda la sociedad actual, prohibiendo estas conductas y actualizando sanciones.

Pero desde el 7 de mayo de 2010, fecha de la última reunión con la referida consejería, han transcurrido nueves meses de silencio, sin que se haya producido avance alguno; no se ha tomado ninguna medida, ni se ha dado nueva redacción a la mencionada ley, mientras se han continuado perpetrándose estas crueldades y ahorcamientos, lo que no solamente repugna la conciencia humana, sino que ensucia el buen nombre de la sociedad española.

No se puede por menos que pensar que esta inactividad de los órganos responsables de Castilla-La Mancha no responde sólo a una indolente pasividad, sino a la actuación de ciertos grupos de presión económica y de, sin duda, amplios sectores de cazadores que no forman parte de aquellos que practican esa afición con sujeción a la ley y al ambiente de precampaña electoral, aunque entendemos que esto último sería inaceptable, porque la elección de representantes del pueblo no puede estar ligada a la crueldad, ya que los animales no pueden ni deben estar sujetos a la política para prevalecer su derecho a la protección y a la vida.

Con ello se renueva la citada petición al presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, mediante un escrito al que se unen otras 5.023 firmas, con lo que el total de las solicitudes que exigen ya una urgente reforma de la legislación de protección animal de dicha comunidad asciende a 27.603. Creemos que no despreciará la petición de este gran número de ciudadanos y ciudadanas que expresan el rechazo de tan triste actuación. Rechazo y repugnancia que no sólo es sentido en España sino también en otros países que no pueden comprender estas crueles prácticas. Es pues preciso que esta cuestión sea resuelta con rapidez, pues su continuidad representa un desprecio hacia el bienestar animal tan ligado al desarrollo de una nación.