La Ley de Protección catalana se cumple a medio gas
La Llei de Protecció dels Animals, pionera en España, aprobada por vez primera en el Parlament de Catalunya el 1988 y reforzada por una segunda ley de marzo de 2003, está aún lejos de ser escrupulosamente cumplida por ciudadanos y administraciones. De hecho, se vuelve a constatar el poco caso que no solo en Cataluña, sino también a nivel estatal, se presta a las instituciones de toda la temática relativa al respeto a los derechos de los animales. Esta es la principal conclusión que se desprende del nuevo informe publicado por Ong ADDA este 2017, basado en una encuesta de ámbito catalán enviada a 137 ayuntamientos de más de 8000 habitantes, de los cuales contestaron solo setenta y una, lo que representa un 51,82 %. La encuesta, centrada en la protección de los animales de compañía, no incluyó la capital, la ciudad de Barcelona, por ser la más modélica, en este momento, de todo el territorio peninsular.
Antecedentes y metodología
Ong ADDA ya realizó en 2006 un estudio estadístico, el cual quedará expuesto más adelante para ver si se daba cumplimiento o no a la nueva ley refrendada en el año 2003. En 2016, varios medios dieron a conocer que algunos ayuntamientos catalanes habían puesto en marcha un nuevo sistema para identificar a los dueños de los perros a través de sus excrementos. Estos desechos no recogidos pasaban en algunos pueblos a ser prueba de incivismo y de infracción, y permitían a los consistorios sancionar a los que no habían cumplido con las respectivas ordenanzas. Es en este punto en que Ong ADDA decide realizar un segundo informe para ver si realmente esas sanciones se llevan a cabo y comprobar de nuevo en qué punto se encuentra el cumplimiento del texto legal de 2003 referente a los animales de compañía.
Cabe recalcar en una primera consideración que, a pesar de la insistencia y después de tres correos ordinarios repetidos mandados en un periodo de espera de diez meses, hubo aún sesenta y seis ayuntamientos, el 48,18 % del total de los 137 consistorios encuestados, que no contestaron. Las conclusiones, así pues, se basan solo en las respuestas de setenta y una alcaldías. Sobre esa base se observa una deficiencia general de conducta en los diferentes aspectos como procesos sancionadores, controles de identificación o campañas escolares. Las conclusiones, que no citan a los entes locales en concreto para mantener su anonimato, se presentan en porcentajes y se dividen en tres grandes áreas temáticas: control de los animales en la calle, tipo de campañas e incentivos para censar.
Control de los animales en la calle
Lo primero que se observa es la poca importancia que se le sigue dando al censo de animales de compañía. Solo un 9,86 % de los ayuntamientos que respondieron facilitaron los datos de los animales inscritos en su censo. Ya en 2005, Ong ADDA insistía en su informe en la necesidad de mejorar tres conceptos que son básicos. Por un lado, la identificación de los animales, un papel que dan y archivan los centros veterinarios y que es un requisito previo indispensable para poder realizar cualquier transacción de compra o venta. También es norma obligatoria según la ley el hecho de que todos los perros y gatos lleven, de forma permanente en los espacios abiertos o en las vías públicas, una placa identificativa adaptada al collar donde tienen que figurar el nombre del animal y los datos de su dueño. Y por último, el correcto mantenimiento de un censo municipal de animales, donde los poseedores están obligados a inscribir al suyo en un plazo máximo de treinta días contados a partir de su nacimiento, adquisición o cambio de domicilio. Todas estas medidas, ya contempladas en la primera ley y reforzadas con carácter obligatorio en la segunda, están muy lejos de cumplirse. Solo el 30 % de los animales que llegan a los centros de acogida y a las protectoras están identificados como correspondería. Este punto choca con otra conclusión derivada del estudio, que evidencia que en los municipios que respondieron, un 88,73 % de los agentes de la policía local son conocedores de la normativa y realizan un control de identificación de los animales. Está claro pues que una cifra no cuadra con la otra y que, por lo tanto, algo se hace mal en este proceso de identificación, sea porque no es suficientemente estricto, sea porque es poco extensivo. De hecho, otra cifra nos dice que de estos policías locales no más de un 28 % lleva consigo un lector de chips.
Unos datos, por su parte, que tampoco concuerdan con las cifras de sanciones. Si la policía local tiene conocimiento en su inmensa mayoría y realiza las actuaciones adecuadas, no se entiende como solo en un 66,20 % de los casos sanciona a quienes no cumplen con la normativa vigente, y únicamente en el 42,25 % de los casos abre expedientes posteriores a la sanción. Unas multas que no tienen una mera función simbólica o recaudatoria, sino que son importantísimas para concienciar a la gente y hacerle ver lo necesario que es el cumplimiento de la legislación para prevenir conductas lamentables, como el abandono o el maltrato, y permitir a las administraciones llevar un mejor control censal para poder realizar estadísticas y estudios siempre encaminados a la mejora y bienestar de los animales de compañía. No hace falta decir, por otra parte, que eso también ayuda a evitar ensuciar las calles y hace palpable la imperiosidad de recoger los excrementos de la vía pública como una señal de respeto y convivencia. Ya en 2005, Ong ADDA consideraba indispensable la colaboración entre todas las administraciones y la puesta en marcha de un censo general centralizado, controlado por el Departament de Medi Ambient, e informatizado, con el único fin de tener un control más cuidadoso y eficaz que permitiera agilizar en gran modo los trámites de identificación y de ahí tomar las medidas sancionadoras o de gestión que fueran menester. A causa de todas esas carencias, vemos todavía, como se desprende de la encuesta, que los datos de control siguen siendo preocupantes. Solo un 9,86 % de las administraciones participantes hacen un seguimiento de posibles maltratos y solo un 8,45 % realizan una gestión de sus colonias de gatos.
Tipo de campañas
Es importante también ver el contraste que existe entre los altos índices existentes aún de abandono e incivismo y el alto porcentaje de campañas precisamente de civismo, que representan un 90,14 % del total de las actuaciones de los consistorios encuestados. Cabría destacar que seguramente en la mayoría de los casos esas campañas de tenencia responsable suponen un extenso trabajo de planificación, desarrollo y realización que hay que reconocer, pero que son insuficientes en algún punto de su metodología o aplicación porque no consiguen los resultados esperados y quizás haría falta replantearlas para cambiar esa tendencia y optimizar recursos. Por lo que se refiere a campañas de promoción diversas, el suspenso es la nota general, con la única excepción de dos de ellas, las destinadas a concienciar en la importancia de censar y de chipar a las mascotas, que se llevan a cabo en un 67,61 % y en un 63,38 % de los casos, respectivamente. Todo el otro trabajo de promoción queda por debajo de la mitad y en algunos casos en una muy notable minoría. La difusión a través de los medios de comunicación, como hecho trascendente, por ejemplo, solo se realiza en un 16,90 % de los municipios preguntados. Las pasarelas de adopción son escasas (15,49 %), la publicidad gráfica un poco mayor pero igualmente insuficiente (se ejecuta en un 40,85 % de los municipios) y lo que quizás tiene más incidencia y es más grave, solo en un 14,08 % de los casos de los pueblos y ciudades de más de 8000 habitantes realizan actividades educativas orientadas a concienciar de la importancia de aplicar la ética y la normativa de la Ley de Protección de los Animales, cifra que es además un 12 % más baja que en el informe realizado en el año 2006. Por último, en ese apartado preocupan sobre todo dos materias en las que ya Ong ADDA hacía hincapié en 2006, que resultarían absolutamente productivas para intentar reducir la cifra de abandonos, superpoblación y faltas de identificación. Se trata de las campañas de esterilizaciones, cosa que beneficia no solo en el sentido de la reducción de nacimientos, sino también en cuanto a un comportamiento más tranquilo del animal, las cuales han tenido lugar solo en un 29,58 % de los casos. Y las campañas de colaboración con los veterinarios que suponen solo un 18,31 % del total.
Incentivos para censar
Por último, hay que destacar unos datos deficientes en lo que se refiere a los incentivos que cada municipio aplica para que la regulación pueda cumplirse y para que desgracias como los abandonos, el crecimiento incontrolado o las simples pérdidas de perros y gatos disminuyan en número. Básicamente, medidas incluidas en las propuestas que no solo el primer informe de Ong ADDA, sino también informes realizados por el mismo Departament de Medi Ambient, han ido recordando como prioritarias. Medidas para favorecer el censo de los animales de compañía y que se desarrollan, visto el resultado, de manera muy escasa. Solo, por poner un ejemplo, en un 4,23 % de los casos los ayuntamientos regalan bolsas de recogida de defecaciones en el momento de censar. Solo en un 18,31 % de los consistorios se ofrece, en el mismo acto, una chapa identificativa, dónde ya se expresó que tiene que contar el nombre del animal y los datos suficientes de su poseedor. El censo gratuito solo se da en un 4,23 % de los sitios estudiados mientras que simplemente en un 23,94 % de las poblaciones se aplican descuentos para censar.
Metodología y resultados informe de 2006
El estudio realizado en el año 2006 siguió la misma metodología que este presente. En aquella ocasión, varió solo en número de contactos. Ong ADDA envió el cuestionario a 167 ayuntamientos de más de 5000 habitantes, de los cuales respondieron menos que ahora, solo 50, el 31 %, un 20,82 % menos que en el actual informe. En la comparativa de ambos, es relevante constatar que el porcentaje de control por parte de las policías locales se ha incrementado de un 64 % a un 88,73 %, que las sanciones se han mantenido en la misma proporción y que las campañas de tenencia responsable han aumentado en un 28 %. Como cifras negativas, la disminución del 7 % en las campañas sobre la obligatoriedad de llevar el chip, 7 % también exactamente en las campañas de esterilizaciones y un muy significativo descenso del 12 % en las actividades y programas educativos vinculados a la divulgación de la normativa y a la protección de los animales de compañía, cuando se ha venido insistiendo especialmente desde la aprobación de la segunda ley de 2003 en la importancia de la educación para el respeto y el futuro.
Conclusiones
La meticulosidad y esfuerzo que conlleva este informe ha dado resultados, no porque las cifras sean positivas, al contrario, sino porque de nuevo permite constatar el largo recorrido que aún queda por hacer en el Estado español en referencia a la protección de los animales. Es cierto que quince años atrás todavía se sacrificaban los perros abandonados. La normativa catalana de 2003 prohibió esa práctica. Pero la ley también contempla muchos otros aspectos que no se cumplen, unos aspectos que son competencia de los municipios y también en este caso de la Generalitat catalana y los correspondientes departamentos de divulgar y llevar a la práctica. Sin embargo, parece que aún cuarenta y un años después de la fundación de ADDA, y veintinueve tras la aprobación de la primera ley de protección de los animales, esta temática no sea tomada en cuenta por muchos consistorios, actitud que choca con datos significativos y tajantes que dejan ver como precisamente son los países más desarrollados del mundo (países escandinavos, Reino Unido, EE. UU., etc.) los que más respetan a los animales. A todo eso se suma también la enorme dificultad que entraña la divulgación de esta causa entre los medios de comunicación convencionales, quienes quizás encuentren poco importante hablar de perros, gatos o pájaros, o quienes también tal vez tengan una dependencia muy grande para hablar de ciertas temáticas y omitir otras cuestiones periodísticamente relevantes y necesarias para el pueblo llano. Es por eso por lo que las pequeñas publicaciones, sean en soporte papel o a través de internet, son las que con más soltura tienen la posibilidad de informar. Todos esos condicionantes hacen muy difícil luchar contra el problema del abandono, un problema contra el que precisamente las administraciones se han pronunciado mucho, pero como ha quedado constatado, han actuado poco. -Jordi Gispert
Ong ADDA -Diciembre 2017
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