El desconocido filtro de los lobbys en la UE

ADDAREVISTA 59

Retrato del ignorado trabajo a la sombra de miles de personas que cobran su sueldo de grandes corporaciones para influir en las políticas comunitarias.

Redacción.- Se estima una cifra de más de 25.000 lobistas que trabajan en el barrio de las instituciones de Bruselas. Sus estrategias se dirigen a controlar e incidir en las decisiones políticas que surgen de la Comisión, el Parlamento o el Consejo de Europa. Solo una minoría de estos grupos de presión pertenece a organizaciones de la sociedad civil. Solo 1900 lobistas con pase de acceso al Parlamento son ONG o sindicatos; el resto, 3000, están a sueldo de grandes corporaciones. El sector financiero se gasta más de 120 millones de euros anuales en estrategias de lobby, 30 veces más de los que gastan sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro. Se calcula que cada año la inversión total mínima en acciones de presión es de aproximadamente 1500 millones de euros. Son algunos de los números que refleja el reciente informe, Lobby Planet Bruselas, elaborado conjuntamente por Corporate Europe Observatory, el Observatorio de Multinacionales en América Latina y Ecologistas en Acción, que también pone de relieve, en comparación, cómo funciona el mismo tipo de engranaje en la ciudad de Madrid. Un entramado de influencias, intereses y «puertas giratorias» que acaba determinando gran parte de las políticas públicas.

 

El ejemplo de los toros

El 14 de febrero de 1989, la asamblea plenaria del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, votaba a favor de cinco informes presentados bajo la común denominación «contra la crueldad animal». Fue una declaración sin valor ejecutivo pero sí moral, con la que se instaba a la aprobación de una normativa que prohibiese las fiestas con animales y, entre otras medidas, convirtiera las corridas de toros en una competición no sangrienta. El lobby taurino —es decir, los ganaderos que crían y comercian con los toros de lidia, los toreros, los impulsores de los grandes espectáculos y las instituciones que dan dinero y a la vez sacan contrapartida de la tauromaquia— se puso alerta. En el Intergrupo para el Bienestar Animal, uno de los comités de expertos en los que se infiltran todo tipo de empresas, y que en teoría sirven para asesorar a los políticos comunitarios en materias que desconocen, entró Carmen Llorca, ya fallecida, eurodiputada y primera representante española del pequeño grupo que se encargaría de informar de todos los movimientos al colectivo taurino. Tres años después, el 2 de junio de 1992, se publicaba en La Vanguardia una entrevista a Javier Elorza, representante permanente de España en la Unión Europea. El diplomático detallaba cómo evitar la prohibición de los toros le costó dos cenas. «Tramé una estratagema con un gran jurista comunitario. El texto que se iba a aprobar decía: “La UE velará por el bienestar de los animales…”, añadimos “respetando las tradiciones culturales…”. ¡Y así blindamos los toros!». La estrategia que seguiría, pues, es la de identificar por todos los medios la tauromaquia con las raíces culturales de España para evitar su regulación por ley. (Ver el libro Tauromaquia, el mal cultural, de Carmen Méndez, distribuido por Ong ADDA).

 

Las estrategias de los lobbys

Es solo un ejemplo que pone de manifiesto como este entramado incide en decisiones que muchas veces acaban yendo en contra de la voluntad popular. Los grupos de presión son las principales causas de esos sucesos que determinan la vida de más de 500 millones de personas que habitan en los 28 estados miembros. Desde el 1 de junio de 2017, la UE habilitó un Registro de Transparencia. Esta herramienta de consulta, sin embargo, carece de comprobación alguna, ya que no se obliga a nadie, simplemente se insta a las empresas a declarar voluntariamente el número de lobistas que tienen a sueldo y la inversión anual que destinarán a tal tarea. Tampoco existe ninguna manera de controlar el total de reuniones que se producen a diario. Si bien los miembros de la Comisión, 28, uno por estado, están obligados a reportar fecha, duración y contenido de todos los encuentros que tienen con lobistas, no lo están así ni los cargos inferiores de sus gabinetes, ni los 751 eurodiputados, ni el gran número de funcionarios administrativos que se reparten entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo de Europa.

 El entramado es tal que no solo empresas concretas (Volkswagen, General Motors, Repsol, Bayern, Goldman Sachs…) tratan de influir de manera individual, sino que también se agrupan colectivamente en gremios (Asociación Europea de la Industria del Tabaco de Fumar, Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas, Federación Bancaria Europea…) o en agrupaciones transnacionales multisectoriales. De estas últimas, las que más capacidad de influencia tienen son la ERT, Mesa Redonda Europea de Industriales, compuesta por los presidentes de las cerca de 50 empresas transnacionales más grandes de Europa, y Business Europe, la principal organización patronal del continente. Existen también consultorías y bufetes de abogados preparados para prestar sus servicios y los llamados laboratorios de ideas, o Think Tanks, que bajo la apariencia de creatividad funcionan como una cortina de humo al servicio de sus empresas, y proporcionan contactos e idean estrategias para sus lobistas. El quid de la cuestión es cambiar políticas o ralentizar aquellas que no les favorezcan, sin importar la manera ni la ética. Un éxito es llegar a un comisario. Un punto a favor es entrar en un comité de expertos que en teoría tendría que ser un órgano imparcial de asesoramiento. Una victoria es contemplar como una enmienda prefabricada, y que solo obedece al interés privado, es finalmente aprobada y condiciona el interés público. Corporate Europe Observatory y otras asociaciones han instado reiteradamente a controlar esta intromisión del interés privado en los asuntos públicos. De momento la única respuesta ha sido ese cojo y nada riguroso Registro de la Transparencia.

 

Puertas giratorias

Otro de los mecanismos más utilizados son los fichajes de antiguos cargos públicos. Más de un tercio de los excomisarios que dejaron su cargo en 2014 accedió, tres años después, a un puesto en el sector privado. Es el caso del expresidente de la Comisión, Jose Manuel Durâo Barroso, que pasó a formar parte de la plantilla de Goldman Sachs, el banco de inversiones que jugó un papel central en la crisis financiera de 2008. Es una doble jugada con notables ejemplos también a nivel español, representados en suma manera en el palco del campo de fútbol Santiago Bernabéu, uno de los habituales puntos de reunión de las altas esferas. Doble porque permite al político la continuidad en un buen sueldo sin esfuerzo. Doble porque proporciona a la empresa también contactos e informaciones privilegiadas que serán de gran provecho para sus lobistas.

 

El entramado agroganadero

En 2021, tiene que entrar en vigor la nueva PAC, Política Agraria Común, que regirá hasta 2027. Una coma más o menos en la redacción de su contenido puede permitir o restringir millones de euros de ingresos para muchas empresas que, en consecuencia, tratan de ejercer una influencia salvaje. El Consejo de la Industria Química declara gastar anualmente unos 12 millones de euros en actividades de lobby. Sus grandes intenciones de momento se consiguen en políticas permisivas con la venta de pesticidas o de los llamados disruptores endocrinos. Food Drink Europe, que aglutina un total de 26 federaciones nacionales de la industria alimentaria, 25 asociaciones europeas y 19 de las mayores multinacionales del sector, se gastó 1000 millones de euros en frenar la propuesta de la Unión Europea llamada «Semáforo». Se trataba de obligar a que todos los productos llevaran obligatoriamente un sistema de etiquetado de información nutricional que indicara en rojo aquellos alimentos más perjudiciales para la salud y en verde los más beneficiosos. No sorprende, pues, que en consensos mayores, como el bienestar animal, la Unión Europea no se haya pronunciado aún claramente. Regular las corridas de toros o aplicar la obligación de poner en marcha sistemas de videovigilancia en los mataderos es evidente que cuenta y seguirá contando con una férrea oposición de los lobbys al servicio de una industria que no quiere renunciar a ningún pedazo de su pastel de beneficios, aunque sea a costa de no respetar ni derechos laborales ni derechos, en este caso, de los animales, por mucho que estos ya vengan contemplados por ley. 

 

Diciembre 2019


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